La discusión sobre la reforma al sector eléctrico ha quedado en un peligroso punto muerto en el Congreso Nacional de Honduras, encendiendo las alarmas en los sectores productivos de la zona norte y particularmente en el municipio porteño. Lo que se perfilaba como una jornada decisiva para consolidar una mayoría de hasta 80 votos terminó empantanándose a última hora entre acusaciones de injerencia empresarial, cálculos político-electorales y la amenaza persistente de una mayor precariedad en el suministro eléctrico.
Índice de Contenidos
- 1. Paralización en el Congreso Nacional y presiones térmicas
- 2. Las posturas de los bloques políticos: Consensos y fracturas
- 3. El choque entre la propuesta del Ejecutivo y la Ley Paralela
- 4. La alternativa de los Decretos PCM y sus alcances temporales
- 5. Impacto directo en Puerto Cortés y la industria litoral
- 6. Cuadro Comparativo de Posturas e Indicadores Clave
- 7. Preguntas Frecuentes
1. Paralización en el Congreso Nacional y presiones térmicas
El intento de someter a su tercer y último debate las modificaciones estructurales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) colapsó repentinamente. A pesar de que la directiva del parlamento preveía un acuerdo fluido, la sesión legislativa concluyó sin que el dictamen pudiera ser votado en el pleno. El trasfondo de esta paralización deja al descubierto una profunda batalla entre distintos grupos económicos y bancadas parlamentarias.
De acuerdo con múltiples fuentes del Palacio Legislativo, el detonante principal del estancamiento fue el vertiginoso rechazo de las empresas de generación térmica a una serie de adendas incorporadas a última hora. Dichas adendas buscaban potenciar la entrada masiva de energías renovables al mercado, modificando las reglas operativas y abriendo el sistema a costos de producción significativamente más bajos.
El diputado del Partido Liberal, Wenceslao Lara, expuso públicamente la inquietud que recorre los pasillos parlamentarios: «Aparentemente las empresas térmicas como que no estuvieron de acuerdo en las reformas que se habían agregado al proyecto y por eso se decidió no presentarlo». Lara advirtió tajantemente que la resistencia de los generadores privados tradicionales a la apertura competitiva mantiene al Estado atado a contratos costosos, cuyas consecuencias finales son transferidas a la factura mensual de las familias y empresarios de todo el país.
Esta pugna de intereses pone en riesgo los ajustes tarifarios y la estabilidad operativa. Mientras el mercado siga dominado por la voracidad de ciertos sectores económicos y el cálculo partidario, la ciudadanía continuará expuesta a un servicio ineficiente y a tarifas desproporcionadas en comparación con la región centroamericana.
2. Las posturas de los bloques políticos: Consensos y fracturas
Para comprender por qué no avanza la reforma al sector eléctrico, es imprescindible analizar el tablero político dentro de la Cámara Legislativa. Se requieren 65 votos para la aprobación de la ley ordinaria, un umbral que la bancada del Partido Nacional intenta alcanzar sumando la totalidad del Partido Liberal. Sin embargo, el liberalismo dista mucho de actuar como un bloque homogéneo en esta materia energética.
Dentro del Partido Liberal se ha evidenciado un quiebre sustancial: una facción compuesta por unos 15 diputados alineados con Salvador Nasralla ratificó su determinación de votar en contra del dictamen actual. Argumentan que el proyecto prioriza ambiciones de cúpulas partidarias en lugar de resolver las falencias técnicas del sistema. Este fraccionamiento impide al oficialismo de turno garantizar la mayoría calificada necesaria.
Por otro lado, la bancada del Partido Nacional, a través de la diputada Merary Díaz, sostiene que la suspensión del debate no debe catalogarse como un fracaso definitivo. Díaz remarcó que las negociaciones continúan abiertas y que el objetivo es perfeccionar el dictamen incorporando observaciones técnicas de los liberales para blindar los activos del Estado. «No lo miremos como un tema de que se haya caído; hay que seguir revisando el dictamen y esperamos que en los próximos días se pueda aprobar», aseveró la parlamentaria nacionalista, insistiendo en que la norma buscará descartar toda posibilidad de privatización.
Por el contrario, la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene una tajante postura de rechazo unánime. Ronald Panchamé, jefe del bloque de Libre, tildó las propuestas de la oposición de «privatización disfrazada» y aseguró que su partido no prestará votos para alterar el modelo de gestión estatal. Panchamé denunció que el articulado pretende entregar el flujo de caja de centrales clave como la represa hidroeléctrica El Cajón a manos privadas, por lo que mantendrán su rechazo absoluto y descartaron cualquier división interna dentro de su bancada.
3. El choque entre la propuesta del Ejecutivo y la Ley Paralela
El debate alrededor de la reforma al sector eléctrico tomó un giro institucional de gran magnitud tras las declaraciones del presidente de la República, Nasry Asfura. El mandatario confirmó haber enviado una petición directa al titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitando frenar cualquier dictamen o «ley paralela» que distorsione el proyecto original formulado por el Poder Ejecutivo.
«No puede haber otra ley paralela si no desarrollamos la primera. Partimos de la primera ley que yo les pedí a ellos que nos la aprobaran; esa es la única ley que hay, porque es la ley que viene a sentar bases de cambio en la ENEE», declaró el presidente Asfura. El jefe del Ejecutivo recalcó que el plan gubernamental busca resolver de manera prioritaria el saneamiento contable y operativo de la estatal, dejando reformas secundarias para etapas posteriores.
Asfura también reaccionó ante las demandas parlamentarias de elevar a rango constitucional el carácter inalienable de la ENEE. Al respecto, sostuvo que no tiene ningún inconveniente en blindar la empresa estatal con rango constitucional mediante los 86 votos requeridos en el Congreso, desmintiendo además tener favoritismos por alguna empresa térmica o renovable.
Por su parte, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, insistió en que el proyecto gubernamental pretende transformar la ENEE en tres unidades operativas independientes —generación, transmisión y distribución— con el objetivo primordial de detener las pérdidas operativas y el robo masivo de energía, los cuales drenan más de 16,000 millones de lempiras anuales de las arcas públicas.
Zambrano comparó las reformas planteadas con procesos exitosos ejecutados hace décadas en Costa Rica, Guatemala y Panamá, países que hoy ostentan tarifas más competitivas y sistemas eléctricos robustos. «Esto es buscar cómo se fortalece la ENEE, no es venderla. Si esto no se realiza, la energía cada día irá más cara», advirtió el titular del parlamento, respondiendo a lo que calificó como una campaña de desinformación promovida por la bancada de Libre.
4. La alternativa de los Decretos PCM y sus alcances temporales
Ante la lentitud y el estancamiento de la vía parlamentaria, el Gobierno central contempla la implementación de mecanismos de emergencia gubernativos. El secretario de la Comisión de Energía del Congreso, Mario Pérez, reconoció que las condiciones inmediatas para un consenso legislativo son sumamente complejas, por lo que el Poder Ejecutivo evalúa la emisión de decretos ejecutivos en Consejo de Ministros (PCM).
Estos decretos PCM permitirían a la ENEE lanzar licitaciones de compra de potencia y energía a corto plazo de forma inmediata, evitando un desabastecimiento crítico durante los meses de mayor demanda estival. El gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ratificó que la vía del PCM brindará un margen de maniobra temporal a la estatal para estructurar sus pasivos, atender demandas legales vigentes y renegociar contratos sin detener la operatividad del sistema nacional.
Sin embargo, las fuerzas vivas del empresariado y los propios legisladores enfatizan que un decreto PCM es un parche provisional. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, manifestó su profunda preocupación ante la falta de seguridad jurídica de las medidas temporales. Gallardo subrayó que un PCM no reemplaza el marco legal integral de una ley aprobada por el Congreso, la cual es indispensable para lanzar licitaciones internacionales a largo plazo (a 10 o 15 años) y atraer las multimillonarias inversiones en infraestructura de transmisión que el país requiere desesperadamente.
5. Impacto directo en Puerto Cortés y la industria litoral
En el plano local, la paralización de la reforma al sector eléctrico retumba con especial gravedad en Puerto Cortés. Como el principal puerto mercantil de Honduras y un eje logístico indispensable para Centroamérica, la estabilidad energética de la bahía es determinante para la economía regional. Los constantes bajones de voltaje y las fallas en las líneas de transmisión obsoletas amenazan el dinamismo del puerto marítimo y los planteles industriales aledaños.
Para la infraestructura comercial de la zona, la incertidumbre legislativa se traduce en mayores costos operativos. Las empresas del sector logístico, plantas procesadoras y congeladoras pesqueras deben invertir ingentes sumas en plantas eléctricas de respaldo a base de diésel, lo que incrementa la huella de carbono y eleva los costos de exportación. Si desea consultar las iniciativas de desarrollo local y la gestión municipal en la zona, puede acceder al portal oficial de Puerto Cortés.
Asimismo, el pequeño y mediano comercio porteño sufre directamente las consecuencias del encarecimiento de la tarifa residencial y comercial. La postergación de reformas estructurales en la ENEE ralentiza los proyectos de modernización del alumbrado público y el mejoramiento de la red de distribución urbana en barrios emblemáticos como El Centro, San Martín y la zona sur del municipio.
Incluso el sector recreativo, turístico y deportivo de la ciudad no es ajeno a esta coyuntura energética. Para conocer más sobre las actividades sociales y deportivas del municipio, visite la sección de deportes de Los del Puerto, donde se analiza periódicamente el acontecer de la comunidad porteña.
6. Cuadro Comparativo de Posturas e Indicadores Clave
A continuación se resumen las posiciones de las principales fuerzas políticas y los indicadores económicos involucrados en el debate de la reforma al sector eléctrico:
| Actor / Sector | Postura Principal | Mecanismo Propuesto | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| Poder Ejecutivo (Nasry Asfura) | Aprobación estricta del proyecto oficialista; rechazo a ley paralela. | Ley matriz de reorganización contable y operativa de ENEE. | Sentar bases de cambio financiero y operativo gradual. |
| Partido Nacional (Congreso) | Separar la ENEE en 3 unidades operativas (Generación, Transmisión, Distribución). | Reforma integral con 65 votos mínimo en el Congreso. | Reducir 16,000 millones de lempiras anuales por pérdidas y robos. |
| Partido Liberal (Dividido) | Condicionado a adendas renovables e incorruptibilidad del dictamen. | Revisión de garantías patrimoniales y apertura de mercado. | Alineación técnica y tarifas de generación más baratas. |
| Partido Libre | Rechazo total; denuncian privatización de activos y flujo de caja. | Mantener la administración pública centralizada de la ENEE. | Protección del patrimonio estatal y control de la represa El Cajón. |
| Sector Empresarial (COHEP) | Exigen marco legal definitivo para atraer inversión de largo plazo. | Ley aprobada por el Congreso Nacional, no solo decretos PCM. | Garantía jurídica, atracción de capitales y competitividad industrial. |
7. Preguntas Frecuentes
¿Qué es la reforma al sector eléctrico y por qué es tan controvertida?
Es una propuesta de transformación legislativa que busca reestructurar la ENEE en tres empresas independientes para generación, transmisión y distribución. Resulta controvertida debido a desacuerdos políticos sobre la posible privatización de bienes estatales y los choques de intereses entre generadores térmicos y renovables.
¿Por qué fracasó la votación en el tercer debate del Congreso Nacional?
La votación no se concretó debido a la falta de consensos entre la bancada nacionalista y la liberal, dividida internamente por al menos 15 parlamentarios allegados a Salvador Nasralla, además de las fuertes objeciones del sector térmico a adendas que favorecían a las energías renovables.
¿Qué diferencia existe entre aprobar la ley en el Congreso y aplicar un PCM?
La ley aprobada en el Congreso otorga una reforma integral y seguridad jurídica permanente a largo plazo para contrataciones e inversiones estructurales. Un decreto PCM es una resolución temporal del Poder Ejecutivo que solo permite resolver emergencias operativas inmediatas, como compras a corto plazo de potencia eléctrica.
¿Cómo perjudica la falta de esta reforma a los residentes de Puerto Cortés?
La postergación de las reformas perpetúa las elevadas tarifas energéticas, incrementa los riesgos de racionamientos durante los meses calurosos y frena las inversiones en las redes de transmisión locales, afectando el comercio y la competitividad industrial del puerto.
Fuentes Oficiales y Consultadas:
- https://www.laprensa.hn/honduras/reforma-electrica-no-logra-avanzar-tercer-debate-congreso-nacional-IJ31839919
- https://www.elheraldo.hn/honduras/intereses-economicos-disputas-politicas-paralizan-aprobacion-reformas-sector-electrico-DJ31833246
- https://www.elheraldo.hn/honduras/presidente-asfura-opone-ley-paralela-reformar-subsector-electrico-PJ31833149
- https://www.elpulso.hn/2026/08/26/se-vuelven-a-caer-las-negociaciones-en-el-congreso-para-aprobar-la-reforma-electrica/
- https://www.elpulso.hn/2026/08/25/ante-el-estancamiento-de-la-reforma-electrica-el-ejecutivo-evalua-avanzar-mediante-decretos-pcm/
- https://www.elpulso.hn/2026/08/25/zambrano-insiste-que-reforma-electrica-busca-reducir-perdidas-y-robos-de-energia/
