La aprobación de la Ley de Justicia Energética en el Congreso Nacional marca un hito histórico en el esquema operativo, financiero y legal del sistema eléctrico hondureño. Con un respaldo de 78 votos procedentes de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, el Poder Legislativo aprobó la reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tras debates caracterizados por profundas discrepancias políticas y manifestaciones en el hemiciclo.

Esta transformación legal busca rescatar a la estatal eléctrica de su severa crisis patrimonial, caracterizada por pérdidas técnicas y no técnicas que rondan entre el 30% y el 35%. No obstante, los efectos inmediatos de esta reforma coinciden con una racha de severos apagones de hasta cinco horas diarias en Puerto Cortés, San Pedro Sula, Choloma y La Ceiba, provocados por la indisponibilidad de combustible en plantas arrendadas y mantenimientos mayores en subestaciones clave.

Desde el portal informativo Los del Puerto, presentamos un diagnóstico exhaustivo sobre los alcances reales de la normativa, la escisión societaria de la estatal, las nuevas reglas para los usuarios residenciales y los desafíos estructurales que enfrenta la Zona Norte tras la promulgación de la Ley de Justicia Energética.

Reorganización Institucional: Escisión Societaria sin Privatización

El núcleo de la reforma radica en el artículo 3 del decreto, el cual ordena la transformación y escisión de la ENEE en tres empresas subsidiarias independientes: Enee Generación S.A., Enee Transmisión S.A. y Enee Distribución S.A. Cada una de estas entidades se constituirá como una sociedad mercantil anónima unipersonal, contando con un capital social inicial de 150 millones de lempiras aportado íntegramente por ENEE Matriz.

Para disipar los señalamientos de privatización esgrimidos por la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) —cuyos 35 diputados votaron en contra—, la normativa aprobada establece candados institucionales estrictos. El Estado de Honduras mantendrá el 100% de la propiedad accionaria a través de ENEE Matriz. Las acciones son declaradas inalienables e intransferibles, exigiéndose una mayoría cualificada de 96 votos en el Congreso Nacional para cualquier intento futuro de alterar la naturaleza pública de la empresa.

Asimismo, la obra gris de las represas hidroeléctricas, las redes de transmisión, subestaciones y terrenos estratégicos continuarán bajo la titularidad exclusiva de la casa matriz. Las subsidiarias recibirán estos activos mediante convenios de administración por plazos no menores a 30 años, obteniendo autonomía operativa, financiera y contractual para gestionar el servicio sin transferencia de dominio patrimonial.

Tarifas, Condonación y Beneficios de la Ley de Justicia Energética

Para la economía doméstica y los pequeños comerciantes de los puertos y ciudades costeras, la medida de impacto más urgente es el congelamiento de la tarifa eléctrica. La tarifa reflejada en el último recibo emitido previo a la vigencia de la norma no podrá incrementarse durante un período de seis meses, con la posibilidad legal de que el Poder Legislativo extienda la congelación por un lapso similar.

Asimismo, la norma revalida los subsidios estatales para aquellos abonados con consumos inferiores a los 150 kilovatios-hora (kWh) mensuales, aplicando criterios de filtrado por zonificación urbana para excluir sectores de alta plusvalía. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los sectores vulnerables sin distorsionar las finanzas globales del mercado eléctrico.

Adicionalmente, el artículo 20 de la normativa crea un régimen especial de condonación de deudas por una sola vez. Este beneficio de «borrón y cuenta nueva» está dirigido a usuarios residenciales de bajos recursos con consumos promedios mensuales de hasta 250 kWh. La condonación abarcará saldos pendientes por consumo, intereses, multas y recargos acumulados hasta la entrada en vigencia del decreto.

El trámite de condonación no operará de forma automática. El titular del servicio deberá interponer una solicitud formal ante la estatal, acreditar el dominio o posesión del inmueble y someterse a una inspección técnica obligatoria del medidor. En caso de que la vivienda no posea equipo de medición, la empresa distribuidora deberá instalar uno de forma inmediata y gratuita para formalizar la cuenta.

En el plano fiscal, la normativa incentiva la autogeneración limpia mediante la exoneración total del Impuesto sobre Ventas (ISV) y derechos arancelarios a la importación de paneles solares, inversores y baterías para uso residencial, ofreciendo una vía alternativa de suministro energético para los hogares hondureños.

Medidores, Custodia del Equipo y Lucha contra el Hurto de Energía

El esquema normativo redefine las responsabilidades de las empresas distribuidoras y los usuarios finales en cuanto a la medición y facturación. La distribuidora estará obligada a instalar los contadores dentro de un plazo de 30 días calendario tras la solicitud del usuario. Si por causas atribuibles a la empresa no se instala el equipo en el tiempo estipulado, el usuario podrá adquirirlo en el mercado privado, recibiendo un reembolso mediante créditos reflejados en sus primeras facturas.

Con el fin de facilitar la lectura y auditoría del consumo, la reforma exige que todos los medidores sean colocados en sitios de libre acceso desde la vía pública, permitiendo su revisión las 24 horas del día sin necesidad de ingresar a la propiedad privada. Paralelamente, la factura mensual deberá detallar minuciosamente los costos desglosados de generación, transmisión, distribución, operación del sistema e impuestos autorizados.

El articulado de la Ley de Justicia Energética combate severamente las pérdidas no técnicas mediante la creación del Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico. Las conductas como conexiones clandestinas, alteración de sellos, manipulación de contadores y suministro no autorizado a terceros serán registradas como obligaciones firmes, inhabilitando a los infractores para contratar o licitar con el Estado.

Sin embargo, la ley abre una ventana de regularización voluntaria por un período excepcional de tres meses a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Los usuarios que corrijan sus instalaciones irregulares, formalicen su contrato y permitan las inspecciones tédnicas quedarán exentos de acciones administrativas, civiles o penales por el hurto de energía cometido en el pasado.

Nuevas Reglas de Contratación y la Crisis de Generación en la Zona Norte

Uno de los cambios estructurales más relevantes es la prohibición definitiva de las compras directas de energía. En su lugar, se impone la licitación pública internacional y competitiva como único mecanismo para la adquisición de potencia firme y energía. ENEE prepara dos procesos licitatorios: uno de corto plazo para cubrir el déficit operativo en los veranos de 2026 y 2027, y otro de largo plazo para incorporar nuevos proyectos térmicos y renovables en un horizonte de 3 a 7 años.

Esta transformación legal se produce en medio de un escenario crítico de racionamientos que castiga duramente la economía de la Zona Norte. Informes del Centro Nacional de Despacho (CND) confirman que la falta de compra oportuna de combustible para las centrales térmicas arrendadas (como Brassavola, Santa Marta y Níspero) ha sacado de operación cientos de megavatios de capacidad instalada.

A este déficit de combustible se suman los mantenimientos mayores en las subestaciones Cañaveral y Río Lindo —ejecutados con cooperación japonesa para repotenciar su capacidad a 109 MW hacia 2027— y los bajos niveles hídricos en la Central Hidroeléctrica El Cajón. El resultado ha sido la desconexión sistemática de circuitos de alta densidad en San Pedro Sula, Choloma y los corredores que abastecen a la infraestructura portuaria.

Mientras la gestión técnica avanza lentamente, el sector productivo costero intenta adaptarse. Para conocer más sobre el impacto económico del municipio y las actividades portuarias de la zona, puede consultar la sección de noticias de Los del Puerto, donde mantenemos cobertura constante sobre el desarrollo local y regional.

Resumen del Nuevo Marco Energético en Honduras

A continuación, se presentan las disposiciones centrales aprobadas dentro del nuevo articulado legal que regirá la industria eléctrica en el país:

Componente Principal Disposición de la Ley Plazo o Condición
Estructura de la ENEE Escisión en Enee Matriz y 3 subsidiarias (Generación, Transmisión, Distribución). Propiedad 100% estatal mediante sociedades anónimas unipersonales.
Tarifa Eléctrica Congelamiento estricto del valor del último recibo emitido. Vigencia de 6 meses (prorrogable por otros 6 meses por el Congreso).
Condonación de Deuda Borrón y cuenta nueva para usuarios residenciales y municipios C y D. Consumo menor o igual a 250 kWh/mes tras inspección técnica.
Regularización de Conexiones Amnistía legal para corregir instalaciones ilegales sin sanciones penales. Ventana única de 3 meses a partir de la publicación en La Gaceta.
Compras de Energía Eliminación de contrataciones directas; subastas inversas y licitaciones públicas. Supervisión obligatoria de la CREE y veeduría social.
Operación del Mercado Creación del Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente. Inicio de funciones en un plazo máximo de 140 días hábiles.

Evaluación Económica y Desafíos de Competitividad

El centro de pensamiento Sendas y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) han advertido que, si bien la reforma legislativa era un paso postergado e indispensable, la aprobación del decreto por sí sola no resolverá de forma inmediata los racionamientos ni las pérdidas financieras de la estatal, calculadas en más de 15,000 millones de lempiras anuales.

Según estimaciones privadas, las deficiencias del fluido eléctrico representan pérdidas superiores a los 100 millones de dólares anuales para las empresas nacionales. Un ciudadano hondureño sufre en promedio más de 165 horas de interrupción eléctrica al año, una cifra alarmante frente a las menos de 9 horas que registra El Salvador. Esta brecha compromete la capacidad de atracción de inversión extranjera en los sectores maquilador, portuario e industrial del Valle de Sula.

Para profundizar en los planes institucionales de desarrollo y proyectos locales de infraestructura municipal, le invitamos a visitar el portal oficial de Puerto Cortés, donde se publican informes sobre los servicios comunitarios y de ordenamiento urbano.

La eficacia de la reforma dependerá en última instancia de la capacidad reglamentaria de la CREE, la ejecución transparente de las licitaciones internacionales y la pronta normalización del suministro de combustible para poner a trabajar la capacidad instalada que hoy permanece inactiva.

Preguntas Frecuentes

¿Quiénes pueden optar a la condonación de deudas de la ENEE?

Pueden solicitarla las personas naturales titulares de un servicio exclusivamente residencial cuyo consumo promedio mensual no supere los 250 kWh. La condonación abarca el saldo acumulado hasta la entrada en vigencia de la ley, pero requiere la presentación de una solicitud formal, comprobante de titularidad e inspección técnica obligatoria del medidor por parte de la empresa estatal.

¿Significa la escisión de la ENEE que la empresa fue privatizada?

No. La ley ratifica que la ENEE mantendrá su carácter público y el Estado será el único propietario del 100% de las acciones de la empresa matriz y de sus tres subsidiarias. Los activos estratégicos como presas y redes de transmisión no se pueden vender ni utilizar como garantía financiera. Además, se requiere una mayoría cualificada de 96 votos en el Congreso para modificar este esquema.

¿Cómo me afecta el congelamiento de la tarifa eléctrica si consumo más energía?

El congelamiento aplica al precio por kilovatio establecido en el esquema tarifario del último recibo, impidiendo aumentos en los cargos base. Sin embargo, el monto final cobrado en la factura mensual continuará fluctuando en función de la cantidad exacta de kilovatios-hora que el usuario registre y consuma durante el ciclo de lecturas.

¿Qué ocurre con los usuarios que tienen conexiones clandestinas o medidores alterados?

La normativa concede un plazo de tres meses para acogerse a una amnistía de regularización voluntaria. Los usuarios que eliminen la anomalía, soliciten la formalización del contrato y permitan la inspección no sufrirán acciones administrativas ni penales. Vencido este plazo, los infractores serán inscritos en el Registro Nacional de Cumplimiento y enfrentarán procesos judiciales por hurto de energía.


Fuentes Oficiales y Consultadas: